El Gobierno se ha plantado para evitar que los bancos trasladen el impuesto temporal a los clientes. A pesar de que el Banco Central Europeo recomendó en su dictamen sobre el gravamen (que se aplicará en 2022 y 2023) que las entidades deberían tener en cuenta todos sus costes, incluidos los fiscales, a la hora de formar sus precios, el Ejecutivo se mantiene inflexible y quiere controlar que el tributo no lo acaben pagando los clientes.
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