El Gobierno ha aclarado cómo intervenir en el caso de reestructuraciones y concursos de acreedores de empresas avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Al tiempo que ha flexibilizado la autorización de la Agencia Tributaria, ha otorgado plenos poderes al Ministerio de Economía y a la Abogacía del Estado para que puedan bloquear convenios o acuerdos de acreedores establecidos en el marco de la nueva ley concursal.
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