Las plataformas de movilidad que operan en Barcelona (Cabify, Uber y Bolt) trasladan su preocupación ante la propuesta de ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas presentada hoy en el Parlamento.
«Si esta ley sale adelante todos perdemos». Los ciudadanos, que van a ver cómo empeora la endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona. Los trabajadores, con casi 4.000 personas que van a perder su empleo de la noche a la mañana. Y Catalunya, que frena en seco su apuesta por una movilidad moderna y sostenible.
Las VTC no compiten con el taxi: lo complementan. La mejor prueba de ello es que taxis y VTC conviven en sus plataformas ofreciendo un gran servicio a ciudadanos y turistas que cada vez más huyen de la mano alzada y optan por pedir su viaje a través de una aplicación móvil.
Barcelona no puede quedarse atrás en un debate ya superado en todas las grandes ciudades, optando por prohibir en lugar de regular. No es que sobren VTCs, el problema es que faltan taxis y VTCs. Tanto es así que Barcelona es la ciudad con un menor ratio de VTCs y taxis por mil habitantes de Europa (3,4 vehículos), es decir, 2,1 puntos por debajo de París (5,5), menos de la mitad que Lisboa (8,5) o Amsterdam (8,5) y muy lejos de la oferta disponible en ciudades como Nueva York (12,3) o Londres (11,9), llegando a triplicar los tiempos de espera.
Cabify, Uber y Bolt hacen un llamamiento al Gobierno catalán
Desde las plataformas de movilidad que operan en Barcelona, hacen un llamamiento a los partidos políticos y al Govern para que reconsideren sus planes y trabajemos, juntos, en una ley que garantice el derecho a la movilidad de los catalanes, evite el despido de miles de trabajadores y siente las bases para la movilidad del futuro que pasa, sin ninguna duda, por la electrificación de las flotas y la inminente llegada del coche autónomo.
Por eso, piden que cualquier nueva normativa se base en tres principios, ampliamente reconocidos en la jurisprudencia nacional y europea:
- Proporcionalidad: Que las medidas respondan a objetivos legítimos de interés general sin destruir empleo ni limitar el acceso al servicio.
- Seguridad jurídica: Que se garantice un marco claro y estable, que permita invertir, innovar y crecer sin estar a merced de regulaciones cambiantes y arbitrarias.
- Escucha activa: Que las administraciones cuenten con el sector a la hora de definir las reglas del juego.
En resumen, si esta regulación finalmente sale adelante, además de contravenir abiertamente al derecho europeo, miles de personas perderán su empleo, la movilidad de Barcelona retrocederá al siglo XX y Catalunya perderá una gran oportunidad de avanzar en la electrificación de la flota, como anunció recientemente el Presidente Illa.
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