El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas, dentro del Real Decreto-ley por el que se prorrogan varias medidas económicas. Es producto de la incapacidad de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de llegar acuerdos ya no solo con la oposición, sino incluso con los socios satélites del Ejecutivo de PSOE-Sumar y con los agentes sociales, donde eso sí, cuenta con la inquebrantable adhesión de los sindicatos UGT y CCOO.
El Gobierno explica en su decreto que, aunque la fijación del salario mínimo no decae por el mero transcurso del plazo de vigencia del real decreto anual que lo fija, la seguridad jurídica aconseja despejar cualquier duda interpretativa.
Yolanda Díaz, incapaz de alcanzar un acuerdo con la oposición o la patronal para la subida del SMI en 2026, que, por ahora, queda, pese a una inflación oficial del 3%, congelado
El Ministerio de Trabajo ha iniciado ya las reuniones con patronal y sindicatos para tratar de fijar con acuerdo el SMI del próximo año, que una vez se apruebe entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El informe de la comisión de expertos (encargada de calcular cuál es el 60 % del salario medio neto en España al que ha de llegar el SMI para cumplir con la Carta Social Europea) recomendó una subida del 3,1 % sin tributación y del 4,7 % con el IRPF, mientras que las patronales proponen un alza del 1,5 % y los sindicatos reclaman un 7,5 %, siempre que el salario mínimo comience a tributar.
En la última reunión mantenida la semana pasada, Trabajo quiso valorar si hay margen de negociación para subir de forma consensuada el SMI, pero sin plantear una propuesta ni aclarar si el Gobierno mantendrá exenta de tributación esta retribución mínima.
En la próxima reunión, que tendrá lugar a comienzos de enero, el Gobierno hará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social.
Algo que no será fácil porque, además de las diferencias en cuanto a las cuantías, los sindicatos reclaman que se modifique la regulación actual que permite a las empresas neutralizar la subida del SMI a través de la compensación y absorción de complementos salariales, un aspecto que la patronal no quiere tocar.
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